El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, vinculado políticamente al expresidente Jimmy Morales, aceptó cargos por el delito de fraude en el caso del Libramiento de Chimaltenango, lo que le permitió acceder a una pena mínima y conmutable, pese a tratarse de un caso de alto impacto nacional.
La audiencia se llevó a cabo el miércoles 17 de diciembre en el Juzgado “D”, presidido por la jueza Abelina Cruz Toscano, donde Benito se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos.
Durante la diligencia, el exfuncionario explicó que el Ministerio Público le atribuyó irregularidades relacionadas con la experiencia del contratista, aunque sostuvo que dichas evaluaciones corresponden a instancias técnicas del Estado. A pesar de ello, decidió aceptar cargos.
Benito aseguró que no se estableció un monto defraudado, ni se comprobó la sustracción de fondos públicos, sobornos o sobrevaloración de la obra. También afirmó que el tramo carretero continúa en funcionamiento y que los problemas actuales se deben únicamente a la falta de mantenimiento.
Como resultado, el tribunal le impuso una condena de cinco años de prisión conmutable, una multa diaria y una inhabilitación especial. Según su abogado defensor, Jonathan Villatoro, al no existir agravantes, correspondía la aplicación de la pena mínima.

Caso de los Q122 millones en Antigua Guatemala
En un proceso separado, relacionado con el allanamiento realizado en 2020 por el Ministerio Público en una vivienda ubicada en Antigua Guatemala, donde se incautaron Q122 millones distribuidos en 22 maletas, también vinculados a Benito, el caso fue resuelto mediante el mismo procedimiento.
Al aceptar cargos, la jueza redujo la pena a dos años de prisión conmutable, impuso una multa de Q1 millón 600 mil, y ordenó el pago de Q220 mil en concepto de reparación digna, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Ambos casos han reavivado el debate público sobre el uso del procedimiento de aceptación de cargos y la aplicación de penas mínimas en procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción de alto impacto en Guatemala.






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