El asesinato del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, ocurrido el 6 de diciembre en la aldea Obero, continúa generando repercusiones mientras las autoridades afinan las líneas de investigación. A casi una semana del ataque, el Ministerio Público (MP) trasladó el expediente a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, una unidad que suele asumir casos de alto impacto y que ya trabaja con equipos multidisciplinarios.
Fuentes cercanas a la investigación explican que el análisis se ha ampliado a varios posibles escenarios, sin que hasta ahora exista una hipótesis dominante. Dentro de las posibilidades que se analizan se encuentran motivaciones vinculadas al ejercicio del poder local, disputas económicas y tensiones políticas que podrían haber escalado en los últimos meses. Aunque estas líneas no han sido confirmadas oficialmente, especialistas en seguridad consultados señalan que este tipo de ataques contra autoridades municipales suele relacionarse con estructuras que buscan influir en la gestión territorial.
El trabajo en campo ha sido particularmente intenso. Tres equipos de la Policía Nacional Civil participan en el levantamiento y revisión de evidencias, un movimiento poco habitual que subraya la sensibilidad del caso. Entre los materiales que se encuentran bajo peritaje hay grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en rutas cercanas, declaraciones de habitantes que escucharon o presenciaron el ataque y análisis balísticos del Inacif que podrían ayudar a reconstruir la dinámica del crimen y precisar el tipo de armamento utilizado.
En paralelo, el MP tuvo que desmentir información que circulaba con fuerza en redes sociales. La institución aclaró que no se ha ejecutado ningún allanamiento en la Unidad Financiera de la Municipalidad de Masagua, como afirmaban varias publicaciones virales. Los fiscales advirtieron que este tipo de contenidos no solo genera confusión, sino que puede interferir con la credibilidad del proceso penal en una etapa crucial.
Mientras tanto, la población de Masagua permanece en estado de inquietud e incertidumbre. El asesinato de una autoridad en funciones plantea preguntas sobre las capacidades de prevención del Estado, el alcance de grupos armados y los riesgos que enfrentan los gobiernos municipales en zonas con disputas económicas o políticas. Analistas del sector coinciden en que el caso podría revelar dinámicas más profundas en el municipio, por lo que el avance de la investigación será seguido de cerca tanto por la ciudadanía como por actores institucionales a nivel nacional.
soye5noticias.com 
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